«UPyD propone en el Congreso el reconocimiento del profesor como autoridad en el ejercicio de la función pública educativa»


Martes 20 de marzo de 2012
por  Cuadernalia
popularidad : 2%  Visitas  195



«UPyD presenta una proposición de Ley Orgánica de reconocimiento del profesor como autoridad en el ejercicio de la función pública educativa»


El Grupo Parlamentario Unión Progreso y Democracia, a instancia de su portavoz doña Rosa Díez González, al amparo de lo establecido en el artículo 124 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición de Ley Orgánica de reconocimiento del profesor como autoridad en el ejercicio de la función pública educativa por la cual se modifican la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación.

Exposición de motivos

La Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, proclama en su exposición de motivos «la mejora de las condiciones en que el profesorado realiza su trabajo, así como el reconocimiento, apoyo y valoración social de la función docente». A pesar de esa plausible intención, con la redacción actual, el profesorado sigue sin contar con la protección y las atribuciones precisas para poder desarrollar, en condiciones adecuadas, su función docente en interés de los alumnos, de los padres y tutores y en general de la sociedad.

Para conseguir que, en los centros educativos y en las aulas, se reconozca la autoridad del profesor y se proteja debidamente el derecho a aprender de los alumnos, sin que se consienta el comportamiento de aquellos que tratan de limitarlo con una conducta improcedente, la Administración ha de dotarle de la condición de autoridad pública.

Así, se trasmite a la sociedad la importancia que para el sistema educativo tiene la figura del profesor, ya que sin él no podría desarrollarse el derecho fundamental a la educación establecido en el artículo 27 de la Constitución; además de mejorarse su protección legal frente a los malos comportamientos y agresiones, tanto de alumnos como de padres o tutores.

En consecuencia, se propone, en un artículo de esta Ley básica del Estado, que se reconozca la condición de autoridad pública a los profesores de los centros educativos públicos y privados, sean o no concertados, en el ejercicio de la función pública educativa.

Por otra parte, varias Comunidades Autónomas como Madrid (Ley 2/2010, de 15 de junio), Comunidad Valenciana (Ley 15/2010, de 3 de diciembre) y La Rioja (Ley 2/2011, de 1 marzo) ya han legislado en este sentido y han otorgado la condición de autoridad pública a profesores, por lo que se hace necesario legislar a nivel nacional este aspecto para no crear desigualdades entre unas Comunidades Autónomas y otras. La Ley Orgánica de Educación y la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, según se trate respectivamente de centros públicos o privados, concertados, reconocen al director del centro capacidad disciplinaria.

Esta atribución desconoce que para una adecuada solución de los problemas de disciplina es preferible someterse a dos principios: el de inmediación, que permite un mejor conocimiento del problema y es garantía de acierto, y el de celeridad en la reacción, que potencia la eficacia para alcanzar los fines de la sanción. No es el director, sino el profesor quien conoce con inmediación la conducta de un alumno que esté impidiendo o dificultando la función docente y alterando la convivencia en clase y quien puede adoptar rápidamente una medida disciplinaria que corrija inmediatamente a aquel alumno en asuntos leves o las medidas cautelares necesarias si el asunto es grave. De ahí que, en esta reforma, se proponga que el profesor pueda imponer medidas disciplinarias directamente a los alumnos en asuntos leves y adoptar las medidas cautelares necesarias en asuntos graves, siempre que acontezcan hechos que impidan o dificulten la función docente o la actividad complementaria en la que el profesor esté participando, y conforme a lo indicado en las leyes.

Para adecuar esta nueva función del profesor con las competencias que la ley atribuye al director, se propone la reforma del artículo 132 de la Ley Orgánica de Educación y del artículo 54 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación en los que se recoge esa competencia respectivamente del director en centros públicos y centros privados concertados, de tal manera que el director podrá tomar medidas disciplinarias en asuntos graves y conocer las medidas disciplinarias o cautelares que impongan los profesores, de acuerdo a su nueva atribución, en los casos y formas que establezca la Ley.

También se propone reforzar los derechos de los padres y tutores para velar por una adecuada aplicación de las medidas disciplinarias. Por eso se propone modificar el artículo 4 de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación introduciendo un nuevo derecho de información de los padres y tutores de las medidas disciplinarias que afecten a sus hijos.

Por todo ello se presenta la siguiente Proposición de Ley Orgánica de reconocimiento del profesor como autoridad pública. Artículo primero. Modificación de la Ley de Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

Uno. El apartado g) del artículo 91.1 queda redactado en los siguientes términos:

«g) Favorecer la convivencia en clase y en las actividades complementarias en las que participe, imponer las medidas disciplinarias a los alumnos en asuntos de carácter leve y adoptar las medidas cautelares imprescindibles en los graves, en cumplimiento de la normativa vigente, para garantizar el desarrollo de la actividad docente y de las actividades complementarias, sin perjuicio de las competencias atribuidas al director del centro y al Consejo Escolar en esta Ley.»

Los actuales apartados g) y sucesivos cambiarán de letra de forma correlativa. Dos. El apartado segundo del artículo 104 queda redactado en los siguientes términos:

«2. En el ejercicio de la función pública docente, los profesores de los centros públicos y privados no universitarios gozarán de la consideración de autoridad a todos los efectos y específicamente en lo que se refiere al principio de veracidad y valor probatorio en la constatación de los hechos acaecidos en el ejercicio de sus funciones.»

Los actuales apartados segundo y tercero pasarán a ser apartados tercero y cuarto respectivamente.

Tres. El apartado f) del artículo 132 queda redactado en los siguientes términos:

«f) Favorecer la convivencia en el centro, garantizar la mediación en la resolución de los conflictos e imponer las medidas disciplinarias que correspondan a los alumnos en asuntos de carácter grave, en cumplimiento de la normativa vigente, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Consejo Escolar en el ar tículo 127 de esta Ley, conocer de las medidas disciplinarias y las medidas cautelares adoptadas por los profesores, en los casos y forma que establezca la ley,para velar porque se atengan a la normativa vigente. A tal fin, se promoverá la agilización de los procedimientos para la resolución de los conflictos en los centros.»

Artículo segundo. Modificación de la Ley Orgánica del Derecho a la Educación 8/1985, de 3 de julio. Uno. Al artículo 4.1, que regula los derechos de los padres o tutores en relación con la educación de sus hijos o pupilos, se le añade un nuevo apartado, con la siguiente redacción:

«h) A ser informados de las medidas disciplinarias impuestas a sus hijos o pupilos.»

Dos. El artículo 54.2.f) señala respecto de las facultades del director:

«f) Resolver los asuntos de carácter grave planteados en el centro en materia de disciplina de alumnos.» Se propone añadir a continuación un párrafo con la siguiente redacción:

«conocer las medidas disciplinarias y las medidas cautelares adoptadas por los profesores en los casos y forma que establezca la ley para velar porque se atengan a la normativa vigente.»

Disposición derogatoria.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en este Ley. Disposición final primera. Título competencial.

La presente Ley se dicta con carácter básico al amparo de la competencia que corresponde al Estado conforme al artículo 149.1.1.ª, 18.ª y 30.ª de la Constitución. Disposición final segunda. Carácter de Ley Orgánica de la presente Ley.

Tienen rango de Ley Orgánica los artículos primero y segundo de la presente Proposición de Ley. Disposición final tercera.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».





Comentar el Artículo

  Facebook     Twitter     Google+     Sindicación RSS