«Los 7.000 euros de la discordia»


Lunes 4 de febrero de 2008
por  Cuadernalia
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(ABC)

CÓRDOBA. El programa de mejora y calidad del rendimiento escolar en centros públicos, que incluye incentivos al profesorado de hasta 7.000 euros, no está teniendo la acogida esperada en un primer momento entre los docentes de la provincia.

Estos días, los centros debaten acerca de la idoneidad o no de inscribirse en el proyecto. Son muchos los que rechazan la medida y ni siquiera la compensación económica les convence. «Los ánimos varían dependiendo del nivel educativo. En los colegios la mayoría está por la labor de participar en el programa. En los centros de Secundaria las opiniones están divididas, mientras que en los institutos de Secundaria y Bachillerato el rechazo a la propuesta es mayoritario», comentaba esta semana un representante sindical.

El programa se basa en la firma de un acuerdo con la Consejería por el cual el centro se compromete a lograr unos objetivos educativos en el plazo de cuatro años. El profesor implicado percibirá un incentivo económico de hasta 7.000 euros a lo largo de todo el proyecto, distribuido en 600 euros en 2008, 1.200 el segundo año y 1.800 el tercero. Si la evaluación final es positiva, el complemento podría llegar a los 3.400 euros en 2011.

Estas cuantías han sido objeto de polémica el último mes. El sindicato de Enseñanza de CSI-CSIF se ha negado a firmar el borrador de la orden -que aparecerá a mediados de febrero- debido a que no recoge lo que Administración y sindicatos acordaron en su momento. «El sentir del profesorado es de indignación», aclara la presidenta de la gestora de CSI-CSIF, Elena García.

Mientras que en un primer momento todos los centros podían participar en el plan y los docentes recibían el pago automático de los primeros 3.600 euros sin depender de evaluaciones, la redacción de la normativa da a entender, según CSI-CSIF, que se seleccionará a los centros participantes «limitando el número de inscritos». Además, el cobro de los 1.200 euros en 2009 y de los 1.800 en 2010 dependerá de la consecución de objetivos.

Responsabilidad del docente

Burocratización de la Educación, culpar al docente del fracaso escolar o atentado contra la dignidad del profesorado, son algunos de los calificativos expresados por docentes consultados por ABC a la hora de valorar el programa.

Estos profesionales, que han preferido permanecer en el anonimato, creen que la Consejería de Educación ha planteado el programa de tal modo que parece que el profesorado tiene «la respuesta para acabar con los malos resultados académicos». Además, recalcan que lo que propone el plan es algo que los profesores ya hacen y que la propuesta sólo supondrá una carga de trabajo extra. En lugar del incentivo económico, estos docentes abogan por la reducción de la ratio de alumno por aula y la dotación de más personal en los centros como medios «claves» para mejorar el rendimiento escolar de los alumnos. Visión más positiva de CC.OO.

Por su parte, desde Comisiones Obreras, el representante de Pública, Juan Puerto, defiende la propuesta de la Consejería de Educación y considera que el descontento observado en los centros educativos se debe a que ha calado más el discurso negativo de algunos sectores que el positivo. «En ningún momento se da pie a hablar de atentado contra la dignidad o culpabilidad del profesorado», indica.

No obstante, Puerto hace un llamamiento a la Administración a fin de evitar la posible «burocratización» del programa, ya que ello tendría un efecto negativo en los resultados esperados.

Otras fuentes del profesorado creen que los cambios introducidos en el programa se deben a la carga presupuestaria necesaria para su puesta en marcha. En Andalucía hay 92.090 docentes públicos. Si todos se comprometieran con el plan, sólo el primer año la Consejería debería abonar casi 60 millones en incentivos.





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