«Educación para la Ciudadanía: de 211.000 alumnos, no van a clase... 48»


Jueves 10 de julio de 2008
por  Cuadernalia
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20MINUTOS.ES. 07.07.2008

En total son 48 los alumnos que no han asistido en todo el curso a la clase obligatoria de Educación para la Ciudadanía en las siete comunidades en las que se ha empezado a impartir (Andalucía, Asturias, Aragón, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra) en 3º de ESO, según recoge ’El País’.

En Andalucía se han dado 12 casos aunque todavía no se han recopilado todos los datos. Un alumno de 3ºde ESO de Málaga es el único estudiante andaluz que tiene una sentencia favorable de los tribunales mientras que los otro 11 están amparados «por polémicas medidas cautelares en los juzgados».

Los 48 alumnos representan un 0,02% de los 211.000 estudiantes que han cursado este año 3º de ESO en estas siete comunidades. Estos alumnos que cuentan con 14 y 15 años no han asistido a clase con el consentimiento familiar, saltándose una ley que les obliga. «La mayoría de las comunidades han decidido que figure un suspenso en su expediente (menos los 12 alumnos andaluces que, de momento, constan como no evaluados)».

Sanciones a los padres

En el resto de los casos, las comunidades pueden establecer sanciones para los alumnos e incluso para los padres. En la mayoría de las comunidades los colegios pueden detallar cuándo un alumno no acuda a esta asignatura e incluso podrán ser expulsados del centro durante tres días, «hacer tareas sociales fuera del centro, estar excluidos de las actividades extraescolares durante tres meses o incluso podrían ser cambiados de colegio o instituto».

En las autonomías donde gobierna el PP y donde han manifestado su apoyo a la asignatura (Madrid, Comunidad Valenciana y Murcia), sus propias normas sobre absentismo contradicen su postura. En estos casos el Gobierno considera que se producirá un «incumplimiento de su propia normativa», advierte la secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia.

Las sanciones más duras se dan cuando la falta a clase es reiterada y afecta a la convivencia y funcionamiento del centro. Las regulaciones de algunas comunidades -como Castilla-La Mancha, Cataluña, Castilla y León y Extremadura- relacionan claramente en sus decretos ambas cuestiones.





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